En el Día Mundial contra el Trabajo Infantil, Bolivia enfrenta una dura realidad: cientos de miles de niños, niñas y adolescentes siguen atrapados en la precariedad, lejos de sus derechos y oportunidades.
En Bolivia, la infancia trabaja. Y lo hace desde muy temprano. En el campo, en las minas, en los mercados y hasta en los hogares ajenos. Mientras el mundo conmemora el Día Mundial contra el Trabajo Infantil, más de 700.000 niñas, niños y adolescentes bolivianos realizan actividades laborales, muchas veces en condiciones peligrosas y en abierta vulneración de sus derechos fundamentales.
Según datos de la Defensoría del Pueblo (2023), aproximadamente el 23% de niñas, niños y adolescentes entre 5 y 17 años trabajan en Bolivia. De ellos, uno de cada diez está expuesto a trabajos considerados peligrosos por su impacto físico, emocional y educativo. La Organización Internacional del Trabajo (OIT) estima que cerca del 20% de niños de 7 a 14 años realizan actividades laborales regulares, cifra que equivale a más de 380.000 niñas, niños y adolescentes.
Los rostros del trabajo infantil
La mayoría de estos niños y niñas se encuentra en el ámbito rural. En los departamentos de Beni, Pando, Santa Cruz y Chuquisaca, miles de menores trabajan en la recolección de castaña, la producción de coca o en faenas agrícolas. Se estima que al menos 33.000 niños y niñas trabajan en la zafra de la castaña y más de 26.000 en la producción de coca. Estas tareas suelen implicar largas jornadas, uso de herramientas peligrosas y exposición a productos químicos sin protección alguna.
En las ciudades, el panorama no mejora. Vendedores ambulantes, limpiabotas, niñas trabajadoras del hogar, niños en cementerios y mercados son parte del paisaje cotidiano. La informalidad y la pobreza extrema empujan a las familias a involucrar a sus hijos e hijas en la generación de ingresos. En algunos casos, incluso se ha documentado la participación infantil en actividades ilícitas o en situaciones de explotación sexual y trata de personas.
Legislación ambigua, derechos vulnerados
Aunque Bolivia ha ratificado los convenios 138 y 182 de la OIT, así como la Convención sobre los Derechos del Niño y su Protocolo Facultativo, su marco normativo presenta contradicciones. En 2014, se reformó el Código Niña, Niño y Adolescente para permitir el trabajo desde los 10 años de manera excepcional, siempre que sea autónomo y no interfiera con su educación. Esta medida fue criticada por organismos internacionales, que la consideran regresiva y contraria a los principios de protección integral.
A pesar de los requisitos establecidos por ley para autorizar el trabajo infantil, en la práctica muchos de estos permisos no se otorgan, o las actividades laborales se desarrollan sin ninguna supervisión estatal. Las inspecciones laborales son insuficientes, y las sanciones a empleadores o adultos responsables son casi inexistentes. La desarticulación institucional y la falta de presupuesto agravan el problema.
Entre la cultura y la necesidad
En algunas comunidades rurales, el trabajo infantil es visto como parte del proceso de formación social. "Trabajar desde chico te hace responsable", dicen algunos padres. Sin embargo, esta percepción suele invisibilizar las consecuencias reales sobre la salud, la educación y el bienestar emocional de los niños.
La pobreza estructural es la principal causa del trabajo infantil en Bolivia. La ausencia de redes de protección social efectivas, el bajo acceso a educación secundaria en zonas rurales, y la migración interna sin garantías para los menores configuran un escenario donde el trabajo infantil deja de ser una opción y se convierte en imposición.
Algunos avances se han registrado, como el impulso de certificaciones como el "Triple Sello" para productos libres de trabajo infantil en el sector azucarero. Sin embargo, estos esfuerzos son aislados y no alcanzan a los sectores más críticos, como la minería o la agricultura extensiva.
La erradicación del trabajo infantil en Bolivia exige una respuesta estatal firme, coherente y sostenida. Requiere no solo adecuar la legislación a los estándares internacionales, sino también implementar políticas públicas integrales que combinen educación, protección social, fortalecimiento institucional y participación comunitaria.
En este 12 de junio, Bolivia no tiene mucho que celebrar. Tiene, sí, una deuda pendiente con su niñez. Mientras cientos de miles de niños y niñas trabajan, el Estado, la sociedad y las familias deben asumir su responsabilidad. No basta con enunciar derechos; hay que garantizarlos.
Porque cada niño y niña que trabaja, es un derecho vulnerado. Y cada derecho vulnerado, es un fracaso colectivo.
