En Bolivia, el auge de las tecnologías de la información ha traído consigo nuevas formas de criminalidad digital que desafían tanto a los usuarios como a las instituciones del Estado. El reciente incremento de denuncias por suplantación de cuentas de WhatsApp revela un preocupante escenario de indefensión ciudadana ante la falta de legislación específica, mecanismos de protección efectiva y educación digital.
Una modalidad cada vez más frecuente y sofisticada
Las noticias recientes alertan sobre una nueva forma de usurpación de cuentas de WhatsApp que no necesariamente parte de un hackeo tradicional. Esta comienza con un mensaje de verificación que llega al celular de la víctima, quien, sin sospechar, acepta compartir un código de seguridad, otorgando acceso a terceros malintencionados.
Según los reportes recogidos por Correo del Sur y Red Uno, existen al menos dos modalidades frecuentes de este delito:
En ambos casos, el resultado es el mismo: una vulneración directa a los derechos digitales de la persona afectada, quien sufre no solo un daño patrimonial, sino también reputacional y emocional.
Una legislación rezagada frente a la realidad digital
Si bien el Código Penal contiene figuras como el uso indebido de instrumentos electrónicos o estafa, estas no contemplan la dimensión tecnológica del delito, ni ofrecen una respuesta jurídica adecuada en casos de vulneración en plataformas como WhatsApp.
El especialista digital Marcelo Durán agrega que, en muchos casos, las entidades bancarias no reconocen la responsabilidad cuando un ciudadano transfiere fondos de forma voluntaria a un estafador, incluso si este se hizo pasar por un tercero legítimo. Esto deja a las víctimas en una situación de extrema vulnerabilidad, atrapadas entre su buena fe y la ausencia de protección legal.
Otro de los puntos críticos es la debilidad institucional en materia de prevención. Las entidades estatales responsables, como la Agencia de Gobierno Electrónico y Tecnologías de Información y Comunicación (AGETIC) o el Servicio General de Identificación Personal (SEGIP), podrían cumplir un papel clave en la validación digital y en la construcción de sistemas de verificación que refuercen la identidad de los usuarios en redes sociales.
Sin embargo, hasta la fecha, no se han implementado políticas públicas consistentes que fortalezcan el marco de ciberseguridad ni se ha desarrollado una estrategia nacional de educación digital. Esto expone especialmente a dos sectores de la población: los adultos mayores y niñas, niños y adolescentes, quienes se convierten en blanco fácil de ciberdelincuentes por su limitada alfabetización tecnológica.
Educación digital, la barrera más urgente
Como bien plantea Durán, la primera línea de defensa ante la violencia digital no es el antivirus, sino la educación digital. El usuario necesita comprender que cada interacción en línea puede convertirse en un riesgo si no se toman medidas mínimas de prevención.
En este sentido, se recomiendan acciones prácticas como:
La violencia digital en Bolivia, expresada en delitos como la suplantación de identidad en WhatsApp, crece en un ecosistema legal y educativo débil. Mientras las tecnologías avanzan, el país enfrenta el desafío de modernizar su legislación, articular políticas interinstitucionales de ciberseguridad, y promover una cultura de ciudadanía digital.
De no hacerlo, se seguirá reproduciendo un patrón en el que las víctimas quedan expuestas y los agresores operan con total libertad. La prevención digital no es un asunto tecnológico: es un derecho humano.
