Conectadas y desprotegidas en un Estado que digitaliza el abandono

Conectadas y desprotegidas en un Estado que digitaliza el abandono

Mientras Bolivia se posiciona como un país con creciente penetración digital, sus estructuras legales y sociales aún se aferran a paradigmas analógicos. La “Encuesta Nacional Conectando Bolivia”, publicada por ONU Mujeres en abril de 2025, revela con cifras contundentes una verdad incómoda: el ciberespacio se ha convertido en un nuevo escenario para la violencia estructural de género. Lo alarmante no es solo su existencia, sino la normalización, impunidad y vacío legal que la rodea.

El espejismo del acceso: ¿más conectadas, más vulnerables?

En Bolivia, el 88% de las mujeres accede a Internet, un dato que podría leerse como señal de inclusión. Sin embargo, esa conectividad no es sinónimo de equidad. El análisis muestra que las mujeres acceden a Internet desde posiciones estructuralmente desiguales: menos autoconfianza en habilidades digitales, uso centrado en la socialización y el cuidado, y mayor exposición a riesgos.

Este fenómeno se vuelve más grave al cruzar variables como edad, clase social, etnicidad y educación. Las mujeres indígenas y rurales, por ejemplo, acceden menos y se enfrentan a un ecosistema hostil, sin herramientas ni acompañamiento institucional para enfrentar los daños que les provoca la violencia digital.

La violencia de género facilitada por la tecnología (VGFT) no es un fenómeno nuevo, sino una evolución de las formas tradicionales de control, cosificación y castigo hacia las mujeres. Hoy, las agresiones no requieren contacto físico: un mensaje, una foto robada, una suplantación de identidad, o un perfil falso pueden devastar la vida de una mujer.

Los datos hablan por sí solos:

  • El 31% de las mujeres encuestadas fue víctima de abuso de datos personales.
  • El 27% sufrió violencia sexual relacionada con TIC, incluyendo trata de personas y tráfico de personas.
  • Un 13% fue víctima de acoso digital reiterado.
  • Y solo el 5% denunció.

La violencia digital —como advierte el informe— se reproduce con mayor frecuencia entre conocidos: ex parejas, amigos y contactos cercanos, lo que confirma que el problema no es tecnológico, sino estructural. La tecnología solo amplifica una cultura ya violenta, patriarcal y permisiva.

Una legislación que mira a otro lado

En un país con avances notables en lo digital, resulta desconcertante que Bolivia aún no cuente con una norma específica sobre violencia digital. El informe lo deja claro: las víctimas no denuncian porque no saben cómo, no confían en la justicia o temen represalias. Y quienes denuncian, muchas veces, no reciben respuesta alguna.

La Ley 348 incluye hasta diez tipos de violencia que pueden ocurrir en línea, pero su implementación es burocrática, reactiva y desarticulada. No se han adecuado los protocolos, ni los sistemas informáticos, ni la formación judicial para enfrentar este fenómeno. No hay tribunales especializados, ni fiscalías tecnológicas, ni defensorías especializadas en el tema. Es decir: la impunidad está digitalizada.

Redes sociales, el nuevo campo de batalla

Facebook, WhatsApp, Instagram, TikTok. Estas plataformas —presentadas como espacios de “libertad”— son los principales escenarios donde se perpetra la violencia. El 56% del abuso de datos, el 66% de la deslegitimación y el 59% del abuso sexual digital ocurre allí. La arquitectura algorítmica de estas redes no solo permite el anonimato de los agresores, sino que penaliza el contenido de denuncia mientras deja circular la violencia impune.

La regulación de estas plataformas debe ser un eje prioritario del Estado boliviano. No es posible que se permita la circulación de imágenes íntimas sin consentimiento o que perfiles falsos sigan acosando a niñas sin sanción alguna. ¿Dónde están los acuerdos con las plataformas? ¿Dónde está el poder del Estado?

Autocuidado como estrategia de sobrevivencia

El informe resalta que las mujeres han aprendido a autodefenderse: el 69% sabe eliminar contactos, el 68% evita compartir información delicada y el 63% identifica sitios confiables. Pero esto no es empoderamiento real, es supervivencia digital. Cuando la protección institucional falla, la víctima se convierte en su única defensora.

La autodefensa no debería ser la única barrera entre una mujer y su agresor. Es el Estado el que tiene la responsabilidad de proteger los derechos fundamentales: la privacidad, la integridad, la seguridad, la libertad de expresión.

Puedes encontrar el Informe de Resultados Encuesta Nacional “Conectando Bolivia” en el siguiente enlace:

https://bolivia.un.org/sites/default/files/2025-05/Informe%20de%20Resultados%20Encuesta%20Nacional%20UNW.pdf: Conectadas y desprotegidas en un Estado que digitaliza el abandono

Escrito por: Yoshelyn Ruiz Soleto

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