La persistencia de las desapariciones en Bolivia evidencia una crisis de derechos humanos en curso. Del 2023 a mayo de 2025, se registran 777 casos activos de personas desaparecidas. Lejos de reducirse, el fenómeno muestra patrones recurrentes de género, edad y falta de respuesta institucional efectiva.
Según un informe publicado por El País el 17 de mayo de 2025, el Ministerio Público mantiene 777 avisos vigentes de personas desaparecidas en Bolivia. Estos casos, acumulados principalmente en 2023, 2024 y lo que va de 2025, configuran un escenario alarmante de continuidad en el fenómeno de desaparición.
Por otro lado, el Observatorio de Trata de Personas ha reportado que entre enero y mayo de 2025 han desaparecido 233 personas. La distribución por género revela que el 57,5 % (134 casos) corresponde a mujeres y el 42,5 % (99 casos) a hombres. La mayoría de estas desapariciones afecta a niñas, adolescentes y jóvenes, especialmente en las edades entre 13 y 28 años.
Este patrón demográfico no es una coincidencia: está directamente relacionado con factores de riesgo como la violencia de género, la trata con fines de explotación sexual o laboral, la migración interna no regulada, el abandono institucional, y la ausencia de protección específica para grupos vulnerables. Así también como la educación a adolescentes y jóvenes de los riesgos y su vulnerabilidad ante estas problemáticas.
¿Quiénes desaparecen? Análisis por edad y género
El desglose etario de las desapariciones permite una lectura más precisa:
En conjunto, el análisis muestra que las adolescentes mujeres son el grupo más afectado, y que hay una presencia sostenida de desapariciones en varones adultos jóvenes y mayores, lo cual podría vincularse a procesos migratorios, laborales, familiares o institucionales, que requieren estudio específico.
Respuestas estatales
A pesar de que existen marcos normativos y protocolos de actuación —como el Sistema de Registro de Personas Desaparecidas y el Protocolo para la Búsqueda Inmediata activado por el Ministerio Público—, las limitaciones estructurales en personal, coordinación, recursos y tiempo de reacción siguen afectando seriamente su eficacia.
El número de personas localizadas en 2025 entre enero y mayo —solo 62 de 233 casos reportados— refleja una tasa de recuperación del 26,6 %, insuficiente ante la urgencia del fenómeno. Las primeras 72 horas siguen siendo decisivas, pero no se cuenta con mecanismos como una alerta nacional inmediata (como “Alerta Amber” u otras tecnologías de rastreo), ni con una estrategia articulada de comunicación interinstitucional.
Asimismo, las familias siguen siendo las principales impulsoras de las búsquedas, enfrentando un sistema burocrático que, en muchos casos, les revictimiza y retrasa la activación de medidas inmediatas. La falta de asesoría legal gratuita, acompañamiento psicosocial y apoyo logístico agrava su situación.
El impacto social se multiplica: las desapariciones desestructuran comunidades, siembran miedo, y normalizan el abandono institucional. La ausencia de políticas de prevención, especialmente en el ámbito educativo, familiar y digital (redes sociales, grooming, captación digital), deja a muchas niñas y adolescentes expuestas.
Reflexiones finales y recomendaciones
El fenómeno de las desapariciones en Bolivia exige una respuesta nacional integral, que incluya:
En tanto, la sociedad civil y los medios de comunicación deben asumir su rol ético: informar sin sensacionalismo, acompañar a las familias con responsabilidad, y exigir al Estado su deber de diligencia.
Porque una sola desaparición injustificada ya es demasiada. Porque la búsqueda no puede depender de la voluntad de una madre, padre, hermano, hermana desesperada, sino de un Estado activo, protector y eficaz.
