La Cámara de Diputados aprobó en su 163ª sesión ordinaria el proyecto de ley que ratifica el Protocolo contra el Tráfico Ilícito de Migrantes por Tierra, Mar y Aire, instrumento internacional complementario a la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional. El texto, ahora remitido al Senado, representa un avance jurídico y político en la consolidación del compromiso del Estado boliviano con la protección de los derechos humanos y la cooperación internacional frente a uno de los delitos más invisibles y menos comprendidos en la región: el tráfico ilícito de migrantes.
Un compromiso que trasciende las fronteras
El protocolo aprobado no es un documento aislado. Se inscribe en la arquitectura normativa que Bolivia ha construido desde la ratificación, en 2005, de la Convención contra la Delincuencia Organizada Transnacional. Este nuevo paso alinea al país con los 153 Estados que ya han ratificado el instrumento, reforzando un compromiso que no solo es jurídico, sino también ético: garantizar que las personas en situación de movilidad humana no sean tratadas como mercancías por redes criminales.
La presidenta en ejercicio de la Cámara de Diputados, Deisy Choque, destacó que el proyecto fue aprobado en grande y en detalle, con la instrucción de remitirlo a la Cámara de Senadores para su revisión constitucional. Más allá del trámite legislativo, el hecho refleja una voluntad política de enfrentar un fenómeno que, por su naturaleza transnacional, exige respuestas coordinadas.
Migrantes: víctimas, no criminales
Uno de los aportes centrales del protocolo es la diferenciación entre quienes trafican y quienes son traficados. En muchos contextos, la narrativa pública tiende a criminalizar a las personas migrantes por su condición irregular, invisibilizando que detrás de esa situación operan redes que lucran con la vulnerabilidad y la desesperación.
Bolivia, país con 7.252 kilómetros de fronteras compartidas con Argentina, Brasil, Chile, Perú y Paraguay, enfrenta enormes desafíos en el control de pasos fronterizos. Su posición geográfica la convierte en territorio de tránsito, más que de destino. Esta realidad incrementa los riesgos de que migrantes, especialmente mujeres, niñas, niños y adolescentes, caigan en situaciones de explotación laboral, sexual o incluso en redes de trata de personas.
La ratificación del protocolo se convierte, así, en una herramienta para fortalecer mecanismos de prevención y protección, pero también en un recordatorio de que la seguridad de los Estados no puede anteponerse a la dignidad y derechos de las personas.
El proyecto aprobado menciona expresamente la necesidad de promover el intercambio de información y la cooperación internacional. Ahora las redes de tráfico operan con rapidez, sofisticación tecnológica y capacidad de adaptación, ningún país puede combatir el fenómeno de manera aislada.
Para Bolivia, la cooperación implica articular políticas con organismos multilaterales, agencias de Naciones Unidas y organizaciones de la sociedad civil que trabajan en la defensa de los derechos de migrantes y refugiados. La pregunta clave es si la ratificación del protocolo se traducirá en mecanismos efectivos de coordinación, o si quedará como un compromiso formal sin impacto tangible.
Aunque la ratificación del protocolo constituye un avance, la experiencia boliviana muestra que la existencia de normas no garantiza por sí misma la protección efectiva. La Ley Integral contra la Trata y Tráfico de Personas (Ley 263), promulgada en 2012, estableció un marco pionero en la región. Sin embargo, más de una década después, las debilidades en su implementación son evidentes: limitados recursos presupuestarios, falta de capacitación en operadores de justicia, y escasa articulación entre niveles de gobierno.
El reto ahora es que la adhesión a un instrumento internacional impulse la revisión de estas falencias estructurales. La protección de migrantes no puede quedar reducida a discursos políticos ni a medidas coyunturales en las fronteras. Requiere políticas de Estado que combinen control, prevención, acceso a justicia y atención humanitaria.
La ratificación del Protocolo contra el Tráfico Ilícito de Migrantes constituye un paso firme en la dirección correcta. Pero el verdadero desafío comienza después: traducir los compromisos internacionales en acciones concretas, capaces de garantizar que ninguna persona que cruce una frontera lo haga a costa de su dignidad o de su vida.
El tráfico ilícito de migrantes no es solo un problema de seguridad. Es un síntoma de desigualdades estructurales, de falta de oportunidades y de sistemas que fallan en proteger a los más vulnerables. Reconocer esta dimensión humana es, quizá, el mayor reto que Bolivia deberá asumir al aprobar este instrumento.
Escrito por: Yoshelyn Ruiz Soleto
