El hallazgo sin vida del adolescente Fisher Rodrigo Gutiérrez, de tan solo 14 años, en inmediaciones del río Penitencia, en Villazón, Potosí, ha conmocionado a la sociedad boliviana. Más allá del dolor profundo de una familia, este caso pone en evidencia falencias estructurales en los sistemas de búsqueda, investigación y protección de niños, niñas y adolescentes frente a situaciones de desaparición y muerte violenta.
El cuerpo fue encontrado el 3 de mayo, luego de más de un mes de haber sido reportado como desaparecido el 22 de marzo. Junto a los restos, los familiares hallaron elementos comúnmente asociados a rituales tradicionales: k’oas, un ala de gallina, cigarros y un hilo blanco. Estas circunstancias han suscitado versiones y sospechas sobre un posible uso del cuerpo del menor en prácticas rituales, algo que, si bien debe ser investigado con rigor científico y judicial, no puede tratarse con ligereza ni desde el prejuicio cultural.
Hallazgo tardío, denuncia familiar y signos de posible violencia
Según los testimonios recogidos por medios locales, la familia del adolescente desempeñó un papel clave en la búsqueda, enfrentando una notoria falta de apoyo institucional. Fue el propio padre quien declaró: “Estaba muerto, lo mataron”, tras hallar el cuerpo en avanzado estado de descomposición, pero con la ropa intacta, lo que le hizo descartar la hipótesis de un accidente.
El padre relató también que los indicios hallados junto al cadáver le sugieren un posible uso ritual del cuerpo. Aunque estas declaraciones reflejan un inmenso dolor y una búsqueda de sentido ante la tragedia, no deben tomarse como prueba judicial concluyente, pero sí como un llamado a una investigación seria, multidisciplinaria y transparente.
La familia también denunció la escasa colaboración policial, la inacción del personal forense, la desatención de testigos clave y posibles negligencias en la recolección de pruebas. La hermana del adolescente alertó sobre la ausencia del médico forense en Villazón y la sugerencia de trasladar el cuerpo a Tupiza, lo cual agrava la desconfianza institucional y las sospechas de encubrimiento o falta de pericia adecuada.
Negligencia institucional y revictimización
Este caso refleja dos problemáticas recurrentes en Bolivia:
Desde el enfoque de derechos humanos, es inadmisible que se responsabilice indirectamente a la familia por la falta de resultados en una investigación, o que se obstaculice el acceso a peritajes forenses en tiempo y forma.
Ritualidad, derechos y prejuicio
En Bolivia, el uso de elementos rituales en contextos religiosos o culturales forma parte del patrimonio intangible de pueblos indígenas originarios. No obstante, cuando estas prácticas se cruzan con hechos de violencia o muertes sospechosas, debe actuarse con extremo cuidado: ni se puede criminalizar prácticas ancestrales sin evidencia, ni se puede encubrir un crimen bajo el pretexto de una práctica tradicional.
La mención de las k’oas, cigarros y alas de gallina en el lugar del hallazgo debe ser objeto de análisis forense, antropológico y judicial, sin alimentar discursos estigmatizantes ni especulaciones. Las investigaciones deben basarse en pruebas y no en conjeturas mediáticas, pero sí deben contemplar todas las hipótesis posibles, incluida la comisión de delitos como el homicidio, la trata de personas con fines rituales, o incluso el tráfico de órganos, si existieran elementos objetivos para sostener tales líneas.
Implicaciones para la justicia y la política pública
Bolivia cuenta con una normativa nacional e internacional que obliga al Estado a garantizar el derecho a la vida, a la verdad y a la justicia para niños, niñas y adolescentes. El Código Niña, Niño y Adolescente (Ley 548) establece el principio de interés superior del niño y la obligación estatal de actuar con celeridad y diligencia ante cualquier amenaza a su integridad.
Asimismo, la Ley 263 integral contra la trata y tráfico de personas ofrecen herramientas legales que, en este caso, parecen no haber sido aplicadas de manera efectiva.
Lo ocurrido con Fisher debe encender todas las alertas institucionales. No puede quedar como un caso más en el archivo. Es necesaria una actuación firme del Ministerio Público, del Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF), del Ministerio de Gobierno y de la Defensoría del Pueblo.
La muerte de Fisher Rodrigo Gutiérrez no solo duele por la pérdida de una vida inocente. Duele también porque revela una cadena de omisiones, demoras y posibles negligencias que facilitaron la impunidad. Su familia merece una investigación transparente, científica y libre de prejuicios. La sociedad merece saber la verdad.
Y el Estado boliviano tiene la obligación de garantizar que ningún otro niño desaparezca sin que se activen todos los mecanismos posibles para encontrarlo a tiempo, con vida, y con dignidad.
